Mezcala, frente a una “encrucijada histórica”

Alejandra Guillén.- Hace unos meses, el empresario Guillermo Moreno Ibarra logró revertir la sentencia de septiembre de 2014 que le ordenaba desalojar las más de 10 hectáreas que mantiene invadidas en la comunidad indígena de Mezcala desde hace más de una década, pues interpuso un recurso de revisión ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito XV (juicio 475/2013) y se ordenó la reposición del procedimiento para fijar el origen del conflicto.

Los magistrados determinaron que no se podían restituir las tierras, pues uno de los demandados (Crescenciano Santana Sánchez), alegó estar en posesión de la superficie controvertida en calidad de tierra parelada económicamente a su favor.

El abogado Rubén Ávila Tena, quien ha acompañado la defensa legal del pueblo de Mezcala, considera que esta determinación debe ser combatida mediante un juicio de garantías, pues lo que resolvieron los magistrados “resulta inadecuado al no atender varios aspectos relativos a la substanciación del procedimiento agrario”, se lee en el Informe Sobre Derechos Humanos Jalisco 2014 del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad).

En el artículo “Mezcala, la indómita”, el abogado especializado en derecho indígena, opina en que la resolución llama la atención que se haya considerado la tierra en conflicto como tierra parcelada, cuando es de por sí tierra de uso común.  Y plantea que la comunidad tiene el reto de reconstituir la fuerza de su asamblea general mediante la depuración de su padrón y la inclusión de nuevos comuneros, con el fin de darle un nuevo impulso a la lucha que siempre han tenido por la defensa de su territorio.

Aunque lo anterior parece sencillo, agrega Ávila Tena, implica “una eficiente y certera actuación del actual comisariado de bienes comunales, sobre todo tomando en consideración el peligro latente que existe de que el grupo que tiene intereses antagónicos, con el apoyo económico y político del empresario Guillermo Ibarra Moreno logre apoderarse de los órganos de dirección comunales para ponerlos al servicio de sus intereses o a los de cualquier otra a cambio de un puñado de dinero”.

El otro reto es mantener la defensa jurídica de sus tierras, ante los distintos intereses de personas externas de apropiarse de ellas, pues se localiza en el norte del lago de Chapala, una zona codiciada por los intereses inmobiliarios.

Rubén Ávila considera por último que la comunidad está frente a una encrucijada histórica, pues pueden mantener vivo el espíritu de lucha comunal arraigado en la propiedad de sus territorios ancestrales o alienarse a las formas privadas de tenencia de la tierra que implican la distinción entre el ámbito de lo común y lo privado, “con el consecuente riesgo de terminar siendo esclavos de su propia tierra”.

Una nueva etapa en el conflicto

Alejandro Velazco.- La comunidad indígena presentó una apelación en contra de las sentencias penales contra comuneros.

Ya son 16 años de que la comunidad de Mezcala, población indígena coca a la orilla de Chapala, vive un conflicto territorial con Guillerno Moreno.

En 1999 el empresario invadió y cercó 10 hectáreas de la comunidad, en dónde ha construido diversa infraestructura para una mansión que creó en dicha zona.

Ante la nula actuación de las autoridades, ante quienes se interpuso un juicio agrario, los comuneros desmontaron un panel solar que generaba energía para desviar uno de los arroyos más importantes de la comunidad, ante lo cual el empresario interpuso denuncia penal.

Cinco integrantes de la comunidad fueron acusados de robo, al retirar dicha estructura, sin mediar una averiguación previa.

El Juez Penal de Ocotlán, Óscar Martín Rosales, recibió el expediente sin la indagatoria adecuada, argumentan los comuneros. Dicho juez emitió sentencia definitiva el 27 de mayo, condenando a cinco pobladores como responsables del delito de daño en las cosas con tres años de prisión.

Por esta razón, representantes de la comunidad presentaron apelación en contra de la sentencia, pues señalan que es infundada e inmotivada.

La comunidad exigió a los magistrados de la Sexta Sala del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco implementen el “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en los casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas”, así como la aplicación de instrumentos internacionales firmados por México.