…mentira, la verdad

Raúl Torres.- No hacía falta el dictamen de un grupo interdisciplinario de expertos independientes enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para darse cuenta de que la “verdad histórica” construida por la Procuraduría General de la República de Jesús Murillo Karam era una vacilada para darle carpetazo a un asunto que sacudió al Estado mexicano y lo dejó expuesto: fue el Estado.

Lo qué más ha llamado la atención sobe el dictamen de este grupo de expertos internacionales es la forma en que desmiente al Estado en el punto clave de la investigación sobre el paradero de los 43 normalistas desaparecidos: la supuesta incineración de sus cuerpos en el basurero de Cocula nunca ocurrió. Hoy incluso el subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Eber Omar Betanzos ha declarado que el estatus de los jóvenes es de “cautivos” y no “muertos” como lo hacía ver la hipótesis de la incineración.

Sin embargo, lo que parece más importante en el resultado de las indagatorias de los expertos –a los que por cierto se les negó el acceso para entrevistarse personalmente con los elementos del Ejército Mexicano que participaron esa noche en las agresiones contra los normalistas– es que el móvil del crimen no es el que ha esgrimido la autoridad mexicana: el grado de violencia y crueldad utilizado contra los normalistas no se justifica al hablar de una reacción en su contra por el temor a que “reventaran” un acto proselitista de María de los Ángeles Pineda, la esposa de José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala.

Y aunque en esa versión de las cosas el hilo que vincula al narco con el Estado estaba tendido a través de la llamada “pareja imperial”, terminaba por enredarse mucho antes de que se tocaran los vínculos más profundos de esta dicotomía.

Para seguir jalando de ese hilo sería necesario tomar en cuenta otro aspecto considerado por el grupo de expertos y desdeñado (¿intencionalmente?) por la PGR en su investigación a pesar de haber sido señalado unos días después del 26 de septiembre por algunos periodistas, como John Gibler: la presencia del quinto camión tomado por los normalistas y del que lograron escapar 14 de ellos.

Los expertos enviados por la CIDH sugieren que una posible línea de investigación tiene que ver con ese autobús, que pudo estar cargado con droga y formar parte de los recorridos en la ruta de distribución de heroína y opio hacia los Estados Unidos. Esto, dicen los expertos internacionales, explicaría lo masivo y violento del ataque contra los normalistas. Varios trabajos periodísticos han mostrado que la resina de amapola extraída de los grandes escurrideros que existen en la región de Iguala termina en los cerebros de cientos de miles de estadounidenses generando un negocio que mueve más de 17 mil millones de dólares al año.

La frase “Fue el Estado” vuelve a llenarse de sentido y de preguntas: ¿Por qué la PGR desestimó la presencia del quinto camión? ¿Por qué colocar a los Abarca como únicas cabezas de una hidra (capitalista) que se sigue extendiendo aunque ellos estén presos? ¿Quiénes dieron realmente las órdenes a autoridades y delincuentes la noche del 26 de septiembre? ¿En verdad seguimos pensando que no hay vínculos entre Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanhuato y las miles de desapariciones en el país?